Este libro viene a sumarse a una larga reflexión sobre la problemática ambiental desde las perspectivas de las ciencias sociales. Este reclamo de las ciencias sociales no es el de cualquier otro campo del conocimiento por aportar sus miradas disciplinarias o para apropiarse de una nueva temática. La crisis ambiental no es una catástrofe ecológica o una falla geológica; es una crisis eminentemente social: una crisis de la razón y del pensamiento; de los modos de pensar, de actuar y de producir

Diferentes disciplinas han extendido sus brazos conceptuales para abrazar al ambiente, para definirlo y codificarlo en sus términos. Más allá del valor científico de esta extensión transdisciplinaria de los conceptos de una disciplina –véase por ejemplo la sociobiología, la ecología urbana, la energética social, la economía ecológica– y de los efectos colonizadores que resultan de la sobrelimitación de los conceptos de la biología, la ecología, la termodinámica o la economía para englobar al campo ambiental emergente, con las distorsiones que ocasiona sobre la naturaleza de la problemática socio-ambiental, ésta reclama una nueva mirada sociológica y nuevos enfoques de las ciencias sociales.

En esta perspectiva, el libro que tiene el lector en sus manos es un nuevo esfuerzo por abordar la recomposición de la fracturada y fragmentada relación de la sociedad humana con la naturaleza. Los estudios y reflexiones se inscriben en la forja de nuevos conceptos, métodos de investigación y abordajes a la comprensión de cómo la sociedad resignifica, revaloriza y legitima los principios y valores que deben conducir el reordenamiento del territorio y la normatividad de las acciones sociales, las formas de entendimiento y comunicación de los procesos ambientales.

En este contexto, y desde una perspectiva conceptual, Marcelo Arnold y Anahí Urquiza abordan la crisis ambiental a partir de los problemas de la comunicación ambiental en la sociedad contemporánea, y del “déficit cognitivo” para abordar los problemas ambientales, incluyendo las posibilidades de observación de los problemas ambientales en el sistema social, haciendo énfasis en las condiciones de los países de la periferia globalizada. El tema remite al problema de la comunicación ambiental, en el sentido de las “resonancias” de los problemas ambientales en los diferentes órdenes sociales y en los mundos de vida de las personas en los términos que fuera tratado por Luhmann, sino también de la colonialidad del conocimiento, que ha cercado y velado una mirada social de la complejidad ambiental.

Enrique Aliste introduce al análisis el concepto de territorio, concepto que ha sido innovado y reapropiado por las ciencias sociales y principalmente por la ecología política para estudiar los procesos de transformación del espacio en el sentido de un espacio vivido, de un territorio de vida. Como lo expresa Aliste, ello significa que las transformaciones del territorio, “no sólo se basan en cambios en la estructura y características del paisaje, sino que también en el significado y atributos que le son asignados socialmente”. En torno a este concepto de territorio, Aliste rescata el aporte conceptual de una geografía ambiental para posicionar a las ciencias sociales en el abordaje del ambiente y la construcción social de la sustentabilidad.

Asunción Díaz y Bárbara Morales, al referirse a las tensiones entre lo global y lo local en los conflictos ambientales, y las miradas con las cuales pudieran observarse tales conflictos, manifiestan uno de los nuevos desafíos para las ciencias sociales; pues justamente los enfoques abstractos de las ciencias sociales, desviados hacia el funcionalismo estructural de los órdenes de lo social dentro del orden global establecido, han velado la mirada de lo local… y de lo ambiental; es decir, de lo que se juega en esas tensiones para poderse desvincular de la totalidad hegemónica, para capturar la diversidad de lógicas, racionalidades y actores que se encuentran en el cruce y confrontación de intereses que atraviesan el conflictivo campo socioambiental, entre el Norte y el Sur, lo global y lo local, lo público y lo privado, y poder así construir unas nuevas ciencias sociales que orienten y acompañen la reinvención de los “locales posibles”, arraigados en nuevos territorios de vida.

Desde un análisis de la institucionalidad ambiental, Pilar Moraga aborda el tema del derecho ambiental, haciendo énfasis en la transición del concepto de prevención hacia el principio de precaución. Este derecho ambiental cobra sentido como un derecho preventivo ante la emergencia de nuevos riesgos generados por la aplicación de nuevas tecnologías cuyos impactos en la salud y el ambiente son desconocidos, cuando la ciencia no ofrece certezas en sentido contrario a las legítimas preocupaciones de la ciudadanía y de los consumidores. Ejemplo de ello es la introducción de cultivos transgénicos o ante los impactos ambientales de grandes obras. Más allá de explorar sus aplicaciones en casos concretos y en el desarrollo de la legislación chilena, este estudio abre el cauce para indagar sobre la construcción de los derechos ambientales emergentes, que más allá del principio precautorio que viene a afianzar la prevención ante el desconocimiento de impactos futuros, cuestionan al individualismo de la racionalidad jurídica misma y se abren al dilema de la construcción de los derechos comunes a los bienes comunes de la humanidad.

Uno de los problemas prácticos a los que se ha enfrentado la institucionalización de “lo ambiental” ha sido el ordenamiento institucional de este “nuevo sector” de la administración pública. Luis Cordero aborda el rediseño de la institucionalidad ambiental en Chile. Analizando críticamente el modelo de la gestión ambiental chilena, por la ineficacia del funcionamiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dependiente de un Consejo de Ministros de Estado y vinculado a diversos servicios públicos con competencia o incidencia ambiental, al autor analiza el proyecto de ley a través del cual se busca rediseñar la institucionalidad ambiental con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental, y una Superintendencia del Medio Ambiente, cuya misión sería la de fiscalizar el cumplimiento de los cuatro instrumentos de gestión ambiental: las Resoluciones de Calificación Ambiental, los Planes de Prevención y/o Descontaminación, las Normas Ambientales y los Planes de Manejo. A través de la Evaluación Ambiental Estratégica, se busca evaluar las políticas sectoriales con incidencia en el ambiente y en la sustentabilidad e incorpor el derecho de acceso a la información ambiental a la gestión ambiental.

En el último apartado, dedicado a estudios de caso, Francisco Ther aborda el tema

de los imaginarios sociales y su importancia para promover sociedades litorales sustentables. Esta resulta una vertiente innovadora en la construcción de la sustentabilidad desde la participación de los actores sociales del territorio. A diferencia de los modelos tradicionales de planificación “desde arriba”, que diseñan loa sentamientos humanos desde los paradigmas de las ciencias (de la urbanística, la planificación urbana o regional), Francisco Ther indaga la “imagen en movimiento de los territorios locales y postula una resemantización del quehacer tradicional de las ciencias sociales para redescubrir y reconstruir la complejidad territorial de las sociedades litorales. En este sentido este no es solamente la aplicación de una teoría a un estudio de caso, sino que se inscribe en la construcción de nuevos enfoques de las ciencias sociales en la perspectiva de la construcción social de territorios sustentables.

Mauricio Folchi aborda el caso de la política ambiental minera para problematizar las visiones simplistas sobre la adopción de las políticas ambientales. Más allá de contextualizar la instauración de estas políticas en el tránsito a la democracia y la inserción internacional de la economía chilena, Folchi abre una veta en la historia ambiental para mirar los procesos sociales que inciden en estos procesos históricos de cambio institucional. Sugiere que más allá del “viento histórico” que habría conducido al sector minero hacia la adopción de medidas de control, mitigación o reparación ambiental, sugiere que estos procesos de cambio histórico son consecuencia de los conflictos que un determinado marco institucional provoca al interior de la sociedad, donde los distintos actores involucrados participan activamente en la redefinición del marco institucional de manera que sus intereses queden protegidos. En esta perspectiva, los cambios institucionales son resultado de procesos políticos y del interés social, donde más que surgir de una conciencia de época, resultan de una disputa social y política de los trabajadores (en este caso del sector minero). De esta manera este estudio aporta a la construcción del campo de la historia ambiental enriquecido por la mirada de la ecología política.